Por qué las medidas del Ministerio de Ambiente no son suficientes.
Por Radio Mangangá | Mayo 2026
El pasado 6 de mayo, el Ministro de Ambiente Edgardo Ortuño presentó ante el Secretaria
Frente Amplio un informe que el gobierno calificó como prueba de que la prospección sísmica
offshore 2026 fue realizada con «las medidas de protección ambiental más exigentes a nivel
nacional e internacional». El documento enumera controles, avistamientos, necropsias y hasta
una multa ejemplar. Todo prolijo. Todo suficiente, según el relato oficial.
Pero hay preguntas que ese informe no responde. Y silencios que duelen más que las respuestas.
Una historia que viene de antes
El gobierno del Frente Amplio asumió en 2025 con los contratos ya firmados. La prospección
sísmica 3D fue pactada por la administración anterior, a través de acuerdos entre ANCAP y
empresas del sector petrolero en 2022, 2023 y 2024. El Ministerio de Ambiente, en diciembre
pasado, otorgó la Autorización Ambiental Previa (AAP) estableciendo las condiciones de
realización.
El oficialismo es claro en su argumento: lo nuevo no es la sísmica, sino las medidas de protección.
Y en ese punto, el debate debería centrarse. ¿Son esas medidas realmente suficientes para
proteger el ecosistema marino de la costa uruguaya?
La evidencia científica y las voces de la sociedad civil expresadas en la Audiencia Pública previa
al inicio de las operaciones indican que no.
El kilómetro que no alcanza
El informe ministerial destaca como logro central haber duplicado el radio de protección a la
fauna marina: de 500 metros a 1.000 metros. Si se detecta presencia de ballenas, delfines,
tortugas, lobos marinos u otros cetáceos y pinnípedos dentro de ese kilómetro, la actividad
sísmica debe detenerse.
Parece mucho. No lo es.
Los cañones de aire comprimido utilizados en la prospección sísmica generan pulsos acústicos
de entre 220 y 260 decibelios bajo el agua. Para ponerlo en perspectiva: el umbral de daño
auditivo en cetáceos comienza alrededor de los 180 dB. El sonido no se detiene en el kilómetro
del buque. Viaja. Cientos de kilómetros mar adentro, interfiriendo con la comunicación, la
navegación y la reproducción de especies que dependen del sonido para sobrevivir.
Un delfín o una ballena ubicados a cinco kilómetros del buque sísmico no activan ningún
protocolo de parada. Pero su sistema nervioso registra el impacto. Y ese impacto no aparece en
ninguna necropsia estándar.
Lo que las necropsias no ven
Sobre los casos que generaron alarma pública durante la campaña, el informe del Ministerio es
categórico: las tres necropsias realizadas por la Facultad de Veterinaria descartaron la
prospección sísmica como causa de las muertes. El delfín murió por una infección parasitaria en
el cerebro. La orca, por una infección generalizada.
Nadie discute esos resultados. El problema es lo que ese enfoque deja fuera.
Los efectos más graves de la sísmica sobre la fauna marina no son los que matan de inmediato.
Son los que se acumulan: pérdida progresiva de audición, estrés fisiológico crónico, abandono de
zonas de cría, fracaso reproductivo, desorientación en rutas migratorias. Ninguno de estos
efectos deja rastro en una necropsia convencional. Son invisibles para el protocolo oficial, pero
devastadores para las poblaciones a largo plazo.
La Ballena Franca Austral, una especie en estado crítico de conservación que utiliza las aguas
uruguayas como área de cría, es especialmente vulnerable. La pregunta no es si murió alguna
ballena durante la campaña. La pregunta es cuántas no volverán a criar en esas aguas.
La base de la cadena que nadie monitorea
El informe ministerial habla de megafauna: ballenas, delfines, lobos marinos. Son los animales
visibles, los que generan impacto en redes sociales cuando varan en la costa. Pero la sísmica no
distingue entre una ballena y un huevo de merluza.
Investigaciones científicas internacionales han documentado que los pulsos sísmicos provocan
mortalidad masiva en zooplancton y daños severos en larvas y huevos de peces en radios de
varios kilómetros. El zooplancton es la base de la cadena trófica marina. Sin él, colapsa todo lo
que está encima: el pez, el lobo marino, el delfín, y finalmente, la pesca artesanal de las familias
de nuestra costa.
El informe celebra que no se presentaron reclamos de compensación por parte del sector
pesquero, y que las capturas de merluza en marzo fueron buenas. Pero el daño en la base de la
trama trófica no se mide en una temporada. Se mide en años.
¿Quién fiscaliza al fiscalizador?
El Ministerio exigió la presencia de seis observadores a bordo del buque sísmico durante toda la
operación: cuatro de Fauna Marina y dos de Monitoreo Acústico Pasivo, reportando al Ministerio
de Ambiente las 24 horas. Los observadores fueron capacitados por la empresa Toveri, a solicitud
del propio Ministerio.
El modelo tiene una contradicción de origen: los observadores que deben controlar a la empresa
fueron capacitados por una empresa contratada para ese fin, y viajan en el mismo buque que
operan las fuentes sísmicas. El Estado no tiene capacidad de fiscalización soberana e
independiente sobre lo que ocurre bajo el agua a kilómetros de la embarcación.
Uruguay no cuenta con un buque oceanográfico propio. No tiene la infraestructura para verificar
de forma autónoma los niveles reales de decibeles en el agua, ni para monitorear la dispersión del
impacto acústico más allá del radio de mitigación declarado. Mientras esa capacidad no exista, la
fiscalización dependerá siempre, en algún grado, de los datos que provea la propia empresa.
Una multa que no duele
Uno de los hechos más reveladores del informe es la sanción al buque SW Empress, contratado
por la empresa Searcher, que realizó prospección sísmica en la Plataforma Continental
Extendida entre el 4 y el 12 de abril sin contar con Autorización Ambiental Previa. La infracción
fue calificada como grave. La multa: aproximadamente 50.000 dólares.
Para una empresa del sector petrolero internacional, operar diez días sin autorización en aguas
uruguayas y afrontar una multa de 50.000 dólares no es una disuasión. Es un costo operativo. El
régimen sancionatorio uruguayo, que no tipifica delitos ambientales como tales sino como
infracciones administrativas, convierte la protección ambiental en una ecuación económica que
las grandes empresas pueden resolver sin mayores consecuencias.
El debate que todavía no tuvimos
Al final del informe, el Ministerio reconoce algo importante: si los estudios confirman presencia
de hidrocarburos en condiciones de ser explotados, «debe resolverse su explotación o no, en un
proceso de diálogo nacional amplio». La prospección sísmica, se aclara, es solo investigación. La
decisión de explotar vendrá después.
Pero ese «después» se construye con los hechos de hoy. Cada campaña sísmica autorizada, cada
contrato firmado con empresas del sector, va creando condiciones materiales y compromisos
políticos que estrechan el margen de la futura decisión.
El Estado uruguayo también tiene compromisos internacionales de proteger el 30% de sus mares
para 2030, en el marco del Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Esa meta y la
expansión de la exploración petrolera offshore —con 1.500 km² en 2026 y casi 7.500 previstos
para 2027— son difícilmente compatibles.
Lo que la comunidad tiene derecho a saber
No se trata de negar los avances que el Ministerio de Ambiente introdujo respecto a
administraciones anteriores. Exigir estudios de impacto, duplicar radios de protección, realizar
inspecciones a bordo: todo eso importa y no es poco.
Se trata de sostener que esas medidas no son suficientes, y que el relato de que «funcionaron y
fueron efectivas» requiere una definición honesta de qué significa efectividad cuando los efectos
más graves de la sísmica son subletales, acumulativos e invisibles para los protocolos de control
existentes.
El océano frente a nuestras costas no es solo el escenario de una política energética. Es el
sustento de comunidades costeras, el hábitat de especies que no tienen otra casa, y una parte de
la identidad territorial de quienes vivimos en este litoral. Esas comunidades tienen derecho a una
información que no se limite a los argumentos que el gobierno eligió incluir en su informe al
Secretariado
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